¿En qué casos una alcoholemia se considera delito penal?

Juan Ramos
Juan Ramos

¿Te gustaría saber en qué casos una alcoholemia se considera delito penal? Con la colaboración de nuestros mejores abogados expertos en alcoholemia vamos a darte todos los datos que necesitas conocer para salir de dudas. Aunque como siempre decimos, si bebes no conduzcas para evitar cualquier tipo de problema legal.

¿Cuáles son los límites legales de alcoholemia en España?

La Ley de Seguridad Vial establece criterios fundamentales para diferenciar entre infracciones administrativas y delitos penales relacionados con la alcoholemia. Esta distinción se basa en dos factores clave: el porcentaje de alcohol detectado en sangre o aliento y las circunstancias bajo las cuales se efectúa la prueba. Con el paso del tiempo, se han fijado límites específicos para cada tipo de conductor. Para los conductores regulares, el máximo permitido es de 0.25 miligramos por litro de aire expirado o 0.5 gramos por litro de sangre.

En cambio, los conductores profesionales o aquellos al mando de vehículos que transportan mercancías peligrosas enfrentan normas más estrictas. Estos individuos deben mantener niveles de alcohol inferiores a 0.15 miligramos por litro de aire expirado o 0.3 gramos por litro de sangre. Cuando los conductores superan estas cifras, las implicaciones son severas, ya que no se trata solo de una infracción administrativa. En ciertos casos, la conducta puede ser clasificada como un delito penal de alcoholemia, lo que conlleva un proceso judicial con consecuencias más graves. Las penas por exceder estos límites incluyen sanciones económicas, retirada de puntos y, en casos extremos, penas de prisión.

¿Cuándo puede ser un delito penal?

Como nos comentan los abogados de Garanley, expertos en alcoholemias, el artículo 379 del Código Penal español establece que conducir bajo los efectos del alcohol, superando el límite establecido, o el hecho de negarse a realizar las pruebas de alcoholemia, puede ser considerado un delito. Para que esta acción sea calificada como tal, deben cumplirse una serie de condiciones. Uno de los aspectos clave es que la ley no solo penaliza los casos en los que se sobrepasa el límite permitido de alcohol en sangre, sino también aquellos en los que el conductor se niega a someterse a la prueba que determina su tasa alcohólica.

El Código Penal es claro al señalar que ambas situaciones, tanto la alcoholemia elevada como la negativa a colaborar, son igualmente graves y pueden implicar consecuencias legales. La negativa a las pruebas puede interpretarse como una actitud que pone en peligro la seguridad vial, ya que el hecho de rehusar colaborar impide verificar si la persona está conduciendo en condiciones de riesgo. Esto refuerza la idea de que la seguridad en las carreteras es un asunto prioritario y debe ser tomada con la máxima responsabilidad por parte de todos los conductores.

¿Qué pasa si hay delito penal?

El delito de alcoholemia conlleva diversas repercusiones para quienes son sorprendidos al volante con niveles excesivos de alcohol en sangre. No se limita a una simple sanción administrativa, sino que puede implicar penas privativas de libertad que oscilan entre 3 y 6 meses. Los implicados pueden enfrentar trabajos comunitarios, multas económicas y la suspensión temporal de su licencia de conducir. La gravedad de las consecuencias se incrementa si la persona reincide o si el incidente produce daños a terceros, como daños materiales o lesiones a otras personas en un accidente de tráfico.

En situaciones en las que los niveles de alcohol sean elevados y se generen impactos serios, el sistema judicial puede imponer multas más cuantiosas y exigir la participación en programas educativos destinados a la reeducación de los conductores. Si el infractor cuenta con antecedentes penales relacionados con este tipo de infracciones o hechos graves, la justicia tiende a ser más estricta. En los casos más extremos, donde el comportamiento del conductor es manifiestamente irresponsable y provoca grandes daños, las penas de prisión pueden extenderse hasta 4 años, y el período de suspensión de la licencia de conducir puede superar los 10 años.

¿Qué pasa si me niego a realizar el test de alcoholemia?

Uno de los aspectos más significativos en los delitos por alcoholemia es la negativa a someterse a las pruebas requeridas. El artículo 379 establece que, si un individuo se rehúsa a realizar las pruebas de alcohol, ya sea al soplar en el etilómetro o al proporcionar muestras de sangre u orina, esto se considera un delito en sí mismo. No es necesario que la persona alcance una concentración de 0.60 mg por litro de aire espirado; simplemente rechazar las pruebas es suficiente.

Rechazar la realización de estas pruebas se considera un acto de desobediencia, lo que implica una pena de prisión de entre 6 meses y 1 año, además de la retirada del permiso de conducir por un máximo de 4 años. Las fuerzas de seguridad tienen la facultad de proceder con la detención inmediata en caso de negativa, ya que es un delito flagrante. En algunas ocasiones, se toman medidas adicionales para llevar a cabo el análisis, lo que puede agravar aún más la situación.

¿Qué puede hacer que el delito sea mayor?

En ciertas circunstancias, la gravedad de un delito por alcoholemia puede intensificarse, lo que acarrea sanciones más severas. Uno de los factores clave es la conducción imprudente, que implica poner en riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía. Si el infractor participa en carreras ilegales, sobrepasa los límites de velocidad o ejecuta maniobras peligrosas, las repercusiones legales serán mucho más estrictas.

Otro factor que puede empeorar la pena es la ocurrencia de un accidente vehicular mientras se conduce bajo los efectos del alcohol. Si este incidente genera daños materiales o personales, la condena se incrementa, especialmente si se producen víctimas o lesiones, en cuyo caso se podría catalogar como lesiones imprudentes.

La reincidencia también tiene un peso relevante. Si el infractor ha cometido previamente una infracción similar, las penas son más severas, y la revocación del carnet de conducir suele extenderse durante un período más largo.

Finalmente, la presencia de otras sustancias psicoactivas en el organismo del conductor intensifica aún más las sanciones y las medidas preventivas.

Lo importante para solucionar el problema es ponerse en contacto con un buen abogado como el de Garanley. Obtener asesoría legal hará que el trámite sea más fácil y la pena inferior. No lo dudes, contrata a un buen abogado.